Organizaciones de la Provincia de Petorca exigen la aplicación del Artículo 27 del Código de Aguas: expropiación para uso doméstico por no existir otros medios para obtener el agua.

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Pese al dictamen de la Corte Suprema, que ordena proveer de 100 litros de agua a las comunidades de  Petorca, Cabildo y La Ligua, las organizaciones del territorio manifiestan su preocupación por la forma en que la institucionalidad estatal aborda el problema. Denuncian la generación de un negocio entorno a la distribución del agua, la que además no contaría con normas de calidad adecuada.

Desde Mujeres MODATIMA, Lorena Donaire, nos cuenta que la provincia de Petorca lleva 12 años declarada como zona de escasez hídrica, condición que lejos de mejorar se ha agudizado en el tiempo llegando a ser recientemente (2020) declarada zona de catástrofe hídrica producto de la situación insostenible a la que ha llegado el territorio. Hoy, gran parte de la provincia se abastece de agua a través de camiones aljibes, en los cuales el Estado destina importantes cifras de dinero. “La distribución de agua a través de camiones aljibes da lugar a un mercado del agua que para nosotros es fraudulento y nefasto, en el que se juega con la dignidad de las personas», sostiene Lorena. 

Recientemente la Corte Suprema acogió el recurso de protección interpuesto por el Instituto Nacional de Derechos Humanos [INDH], que establece el deber irrenunciable del Estado de suministrar 100 litros de agua potable a cada habitante de las localidades de Petorca, Cabildo y La Ligua. Lorena enciende las alarmas en torno a la deficiente gestión en torno a la distribución del agua en la zona, sobretodo en la forma en que serán distribuidos los recursos destinados para hacer cumplir este dictamen. “Creemos que es una noble intención, que esperemos que no quede solo en la noble intención”, sostiene.  Reconociendo que siguen siendo medidas que no abordan el problema del acaparamiento de agua.

El dictamen de la Corte otorga tanto a la  Gobernación Provincial de Petorca, como a la Seremía de Salud de la región de Valparaíso, la responsabilidad de asegurar que el agua llegue adecuadamente a los y las residentes de Petorca, Cabildo y La Ligua. La defensora del Movimiento por el agua y los Territorios [MODATIMA], sostiene que lo más crítico de esta situación es que “nuevamente la distribución del agua queda en manos de la voluntad política de las autoridades de turno”. Haciendo énfasis en la gran irresponsabilidad que significa transferir la tarea de proveer de agua a las personas del territorio a través de  municipios que carecen de recursos y de personal para gestionar de mejor manera estas entregas, así como en autoridades que no han actuado en favor de las comunidades “nuevamente le transfieren la responsabilidad a personalidades políticas que nos hacen depender de su voluntad”

“sabemos que si hoy no cumplen con los 50 litros que mandata la normativa, no habrá ninguna posibilidad de cumplir con los 100 litros. Hay comunidades como la Quebrada del Pobre en Valle Hermoso que reciben 15 litros cada dos días y otras 15 litros por persona al día. La comunidad de San José en Cabildo está recibiendo 20 litros por persona al día, y la verdad es que no se cumple con la normativa de los 50 litros”. 

Para las organizaciones sociales el Estado nuevamente le quita la responsabilidad a la institucionalidad hídrica compuesta por la Dirección de General de Agua [DGA], la Dirección de Obras Hidráulicas [DOH], y la transfiere a municipios pobres. Y que pese a la intervención del  INDH, las respuestas del Estado proponen profundizar el negocio de empresarios que se han hecho ricos a partir de la crisis hídrica del territorio. 

A lo anterior se suma la calidad del agua que estos camiones distribuyen. Habiendo estudios realizados por el INDH (2014), que dan cuenta de la contaminación presente en esta agua.

“La verdad que la distribución de agua a través de camiones aljibes es una modalidad que viene a profundizar el negocio del agua. Creemos firmemente que en el caso de la Provincia de Petorca debe aplicarse el artículo 27° del Código de Aguas que plantea la expropiación de las aguas. Sabemos que es difícil, sabemos que este gobierno no está haciendo las cosas de la mejor manera, pero nosotros debemos exigir y apuntar hacia allá, porque haya una expropiación del agua para uso doméstico. Creemos que es fundamental para sostener la vida en la provincia de Petorca”, Señala Lorena.

La comunidad hace un llamado enfático a la aplicación del artículo 27° del Código de Aguas que plantea: “Cuando sea necesario disponer la expropiación de derechos de aprovechamiento para satisfacer menesteres domésticos de una población por no existir otros medios para obtener el agua, deberá dejarse al expropiado la necesaria para iguales fines”.